EL NUEVO DIARIO, GINEBRA.- El conflicto civil de Siria iniciado hace 13 años, lejos de remitir, sufre actualmente su peor escalada de hostilidades de los últimos cuatro años, con ataques de fuerzas extranjeras como Rusia, Turquía, EEUU o Israel, indicó este lunes la comisión independiente de investigación organizada por la ONU.
En su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el presidente de la comisión, el brasileño Paulo Pinheiro, recordó que 16,7 millones de personas requieren asistencia humanitaria en Siria, la cifra más alta desde el inicio de un conflicto que ha causado la muerte de al menos 300,000 personas.
El informe presentado por la comisión denunció que tras los ataques del 5 de octubre de 2023 a la academia militar de Homs, la tercera mayor ciudad de Siria, se han incrementado los bombardeos por parte del ejército sirio, apoyado por Rusia, en zonas controladas por la oposición contra el régimen de Bachar al Asad.
En esas zonas, principalmente el área de Idlib (noroeste), «ha habido ataques a escuelas, mercados y campos de desplazados, con cientos de muertos y heridos y provocando el desplazamiento de más de 120,000 personas», indicó Pinheiro.
Según el jefe de la comisión que completan el egipcio Hanny Megally y la británica Lynn Welchman, en días recientes fuerzas gubernamentales utilizaron bombas de racimo, prohibidas por convenciones internacionales, en zonas civiles, incluidos al menos cinco hospitales en Idlib.
También en los últimos meses, subrayó, se han denunciado ataques de fuerzas militares turcas en zonas controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias en el noreste del país, como represalia por un ataque del grupo separatista kurdo PKK en Ankara.
A estas hostilidades se unieron, especialmente desde los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre del pasado año, ofensivas de fuerzas israelíes y estadounidenses en territorio sirio contra milicias proiraníes como Hezbolá.
«Algunos de los al menos 35 ataques israelíes registrados desde entonces se dirigieron contra los principales aeropuertos de Siria, lo que llevó a cierres temporales del tráfico aéreo, afectando a servicios humanitarios de Naciones Unidas», destacó Pinheiro.
A ello se suma la difícil recuperación del terremoto que asoló el norte del país el año pasado, o el aumento de los ataques del Estado Islámico (35 sólo en la primera mitad de enero), subrayó el investigador brasileño.
La comisión denunció asimismo que continúan las muertes de personas bajo custodia de las autoridades gubernamentales, o la dura represión de las protestas que desde agosto se han organizado en Suweida (suroeste), en las que al parecer se utilizó munición letal contra los manifestantes.
Pinheiro también recordó la situación de casi 3,.000 niños detenidos ilegalmente desde hace cinco años en campos de prisioneros creados tras la caída en 2019 de Baguz (este del país), el último reducto importante del Estado Islámico en Siria.
Muchos de estos niños son hijos de exmiembros del Estado Islámico, incluidos muchos que llegaron a Siria para apoyar ese movimiento islamista desde países europeos, y están siendo victimizados por ello, subrayó Pinheiro, quien urgió a los Estados de origen de estas familias que «autoricen inmediatamente a que estos niños vuelvan a sus hogares».
Cuando el conflicto entra en su decimocuarto año, subrayó el jefe de la comisión, «las perspectivas de un arreglo político en Siria parecen más remotas que nunca», con escasos progresos en asuntos clave para lograr un acuerdo, lamentó ante el Consejo de Derechos Humanos.
En ese contexto, agregó, el éxodo de sirios al exterior continúa, incluso en Europa, donde en octubre del año pasado se registró el número más alto de llegadas desde Siria en siete años (24.000), mientras que la cifra de sirios retornados a su país en 2023 cayó un 27 % hasta sólo 37.000.
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