EL NUEVO DIARIO, SAN SALVADOR. – El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) pidió el jueves a la Fiscalía investigar el posible desacato de una orden judicial por las autoridades penitenciarias al no liberar a un exministro de Seguridad y un exinspector de Centros Penales pese a una orden judicial.
Ivania Cruz, abogada de Cofappes, presentó un aviso ante la Fiscalía para que investigue al director general de Centros Penales, Osiris Luna.
De acuerdo con Cruz, no se ha liberado a Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Seguridad, y Ramón Roque, exinspector general de Centros Penales, a pesar de que recibieron la libertad condicional por parte de un tribunal.
Indicó que se estarían cometiendo los delitos de desacato judicial, privación de libertad y actos arbitrarios y que «deben ser investigados».
«Dejan en evidencia que no quieren hacer su trabajo o que tienen otro tipo de intenciones para no cumplir la reciente resolución», acotó Cruz.
Luna fue uno de los señalados en 2021 por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su lista de «actores corruptos y antidemocráticos» centroamericanos, también fue sancionado por el Departamento del Tesoro bajo la Ley Magnitsky.
La detención del exministro se dio en septiembre de 2021 y la fiscalía lo acusa de supuestamente estar involucrado en la malversación de aproximadamente 14 millones de dólares de las prisiones durante la administración de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019)
Tras la captura, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que el Ejecutivo de Sánchez Cerén permitió que la organización Asocambio administrara las tiendas al interior de las cárceles «sin ningún control del Estado», lo que «dio pie para crear un mecanismo para poder lucrarse».
Ramírez Landaverde fue nombrado ministro de Justicia en enero de 2016. Antes se había desempeñado como director general de la Policía Nacional Civil de 2014 a 2016 y como subdirector de esa entidad entre 2012 a 2014.