EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE PANAMÁ. – Según señala el informe 2023 sobre la situación de los Derechos Humanos divulgado este lunes por la Defensoría del Pueblo del país centroamericano, los derechos de carácter social están entre los más vulnerados en Panamá y el caso más notorio es el del acceso a la salud.
De acuerdo a dicho informe, el derecho a la salud en 2023 quedó «comprometido» por la falta de insumos, medicamentos, personal médico, especialistas sobre todo en el interior del país, afirmó el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, durante la presentación del informe.
Según destacó la investigación, la vulneración queda patente por la mora en prácticas quirúrgicas, colapso de infraestructuras, cierres de hospitales, insatisfacción de pacientes, «sobre todo los pacientes de dietilenglicol (jarabe comprado por el Seguro Social en 2003 que causó un envenenamiento masivo) y los de hemodiálisis».
Los enfermos renales, que según un reporte reciente de la Caja de Seguro Social (CSS) se han «triplicado», se vieron afectados en no poder llegar a su tratamiento, sobre todo en la provincia occidental de Chiriquí, por los bloqueos y cierres de vías durante las protestas anti mineras del mes pasado, sumado a que los insumos no llegaban.
Leblanc añadió que, además, hay lugares donde «no hay puestos de salud o nada más contamos con el personal básico de salud, no hay especialistas, que es un tema que tenemos que resolver como país, lo tenemos que resolver no solamente el Gobierno, sino también los particulares», dijo a EFE Leblanc.
El Defensor manifestó que «persiste un desafío con el acceso a los servicios de salud (…) que el próximo Gobierno (que asumirá en julio de 2024) tiene que analizar», mientras, dijo, «esta Defensoría seguirá trabajando para que se eliminen los subcentros de salud y que las personas puedan tener unos centros integrales de salud».
La educación además es un aspecto en el que «no se han observado mejoras», persistiendo los problemas de «infraestructuras, falta de presupuesto, educadores y personal especializado en administración», dijo Leblanc, que pidió «fortalecer» los programas de salud mental en las escuelas para evitar «fatalidades» con los estudiantes, pues que aún arrastran las consecuencias de la pandemia del coronavirus.
Los derechos sociales de los panameños también están afectados por el deficiente servicio de electricidad, la falta de estrategias ante la crisis hídrica por la sequía que impacta la calidad del agua potable, así como «el derecho a un ambiente sano, vulnerado por el inadecuado manejo de desechos».
Población LGBT y migrantes
El informe 2023 sobre los Derechos Humanos en Panamá de la Defensoría abogó por políticas de Estado «sostenibles» para cumplir con garantizar una vida digna a los grupos vulnerables, como las personas mayores, con discapacidad, afrodescendientes, población indígena, migrantes, privados de libertad y LGTBIQ+.
El próximo Gobierno, dijo Leblanc, «va a tener que analizar los cambios legales y constitucionales en cuanto al matrimonio igualitario, eso es un tema que tenemos que conversarlo como país (…) y poder saldar esa deuda que tenemos con las personas LGTBI, y mientras, trabajar en eliminar cualquier tipo de discriminación» a dicha población.
Con respecto a la migración irregular en tránsito, Leblanc dijo que lejos de ver esta situación como un «desastre, como dicen algunos, necesitamos mandar el mensaje de que lo vean como el problema humanitario, la crisis, que ha llevado (en 2023) a 512.000 personas a salir de sus hogares y a adentrarse en el Darién», la selva que sirve de límite natural entre Panamá (Centroamérica) y Colombia (Suramérica) en su viaje hacia EE.UU.
«Tenemos que hablar con el país de destino, hablar con los países de origen, con los organismos internacionales, buscar recursos, los recursos que hoy en día se están yendo para Ucrania, se están yendo para el tema de Israel, se están yendo para otros lugares, tenemos que mirar para acá» también, sostuvo.