Mar. Jul 16th, 2024

El expresidente Donald Trump. Fuete externo.

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este viernes eliminar la prohibición federal, promulgada por el expresidente Donald Trump (2017-2021), de los aceleradores de disparos, utilizados en una matanza en 2017 en Las Vegas, la peor de la historia del país.

Los seis magistrados conservadores del Supremo se impusieron a los tres progresistas para determinar que no se puede usar una ley de casi cien años, pensada para prohibir ametralladoras, para incluir los ‘bump stocks’ o aceleradores de disparos.

La opinión de la mayoría, redactada por el juez Clarence Thomas, considera que no se puede equiparar este accesorio, una culata diseñada para ampliar la frecuencia de los disparos de armas semiautomáticas, a una ametralladora.

Trump ordena prohibir dispositivos que convierten armas en ametralladoras

«Concluimos que un rifle semiautomático equipado con un acelerador de disparos no es una ametralladora porque no dispara más de un disparo mediante una sola activación de gatillo», argumentó el magistrado.

En la opinión disidente, la juez Sonia Sotomayor criticó el fallo mayoritario y aseguró que no se tiene en cuesta «el contexto y el propósito» a la hora de aplicar esta definición para prohibir estos accesorios, detrás de la peor matanza a tiros de la historia de historia del país, ocurrida en 2017 en Las Vegas.

El 1 de octubre de 2017, Stephen Paddock empleó uno de estos mecanismos de aceleración para disparar nueve balas por segundo desde la ventana de un hotel contra centenares de asistentes a un concierto en La Vegas, dejando 60 muertos y generando un caos que provocó heridas a más de 850 personas.

Después del tiroteo en Las Vegas, la Administración Trump impuso una prohibición federal contra los ‘bump stocks’ y el Gobierno de Joe Biden la mantuvo y apoyó tras su llegada al poder.

Un vendedor de armas, con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle, recurrió la prohibición ante el Supremo con el argumento de que la agencia federal de control de armas de fuego (ATF, por sus siglas en inglés) excedió su autoridad al aplicar la definición de ametralladora de manera demasiado amplia.

 

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