EL NUEVO DAIRIO, LIMA. – La Corte Suprema de Perú declaró procedente el envío a las autoridades de Colombia de la solicitud de extradición de la venezolana Wanda del Valle Bermúdez para que cumpla 18 meses de prisión preventiva en Lima mientras es investigada por los delitos de conspiración y ofrecimiento de sicariato, informaron este jueves fuentes oficiales.
Dicha decisión fue tomada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que dispuso que se remita todo lo actuado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por intermedio de la presidencia de la Corte Suprema y con conocimiento de la Fiscalía de la Nación, detalló el Poder Judicial en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter).
La resolución remarcó que el 8 de diciembre pasado el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito limeño de El Agustino declaró fundado el pedido de prisión preventiva solicitado contra Del Valle por el Ministerio Público.
Además, que el 20 de diciembre pasado la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del distrito de San Juan de Lurigancho declaró infundada una apelación interpuesta por la defensa de la procesada y confirmó la prisión preventiva.
Esta última resolución revocó otra decisión del pasado 14 de diciembre que había rechazado un primer pedido de la Fiscalía para que se inicie el trámite de extradición, por lo que dispuso que se proceda con esa solicitud.
Del Valle, conocida como ‘la bebecita del crimen’ y señalada como integrante de una facción de la organización criminal internacional El Tren de Aragua, fue detenida el pasado 6 de diciembre en Bogotá, en respuesta a una alerta roja emitida por la Interpol a petición de Perú.
La joven era novia de un delincuente y presunto integrante de El Tren de Aragua apodado ‘Maldito Cris’, quien fue abatido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima tras días de persecución por haber asesinado a un sereno (vigilante municipal) que intentó detenerlo.
‘La bebecita del crimen’ está acusada de recaudar el dinero de extorsiones a comerciantes, vender y distribuir armas de fuego, coordinar con sicarios y participar en la trata de mujeres colombianas y venezolanas que eran explotadas sexualmente en varios países de la región.
En agosto pasado, un juzgado de San Juan de Lurigancho ordenó su detención preliminar por siete días, por presuntamente haber ofrecido 40.000 dólares para matar al coronel de la PNP Víctor Revoredo, mientras que el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de 150.000 soles (unos 40.000 dólares) por información que permitiera su captura.