EL NUEVO DIARIO, PERÚ. – Cientos de manifestantes se reunieron este sábado en el centro de Lima para protestar contra el último escándalo de corrupción en Perú que salpicó a la fiscalía de la Nación y el Congreso, entre otros círculos políticos, al lema de «Que se vayan todos» y «Fuera los corruptos».
Organizaciones políticas, sindicales y sociales, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos o el grupo feminista Manuela Ramos, salieron a las calles con pancartas, banderolas y tambores para reclamar contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, implicada en una red de corrupción integrada por sus asesores más cercanos.
Los manifestantes marchan pacíficamente hacia el Palacio de Justicia, la sede de la Fiscalía y finalmente el Congreso.
La congresista Flor Pablo acudió a la marcha y dijo al portal Epicentro TV que lo que está viviendo el país es «realmente dramático, una situación que agudiza la crisis con todo lo que se ha destapado a nivel de la fiscal de la nación, toda esa red de corrupción que se tiene que investigar».
«Lamentablemente, hay un pacto por la impunidad entre el Congreso, la fiscalía de la Nación en sus funcionarios, el Ejecutivo, y creo que es importante toda manifestación ciudadana pacífica, que levante la voz y le diga a estas malas autoridades que estamos cansados», agregó la legisladora de la bancada Integridad y Desarrollo.
A su vez, la legisladora Susel Paredes opinó que esta salida a las calles es «la primera de muchas más que van a haber » porque «ya está visto que en la fiscalía de la nación hay graves problemas de corrupción».
«Tenemos una mayoría parlamentaria que hace el juego con Dina Boluarte porque si Dina cae, nos vamos todos», agregó Paredes, quien recordó que también ha presentado varios proyectos de adelanto de elecciones generales que no se agendan en el pleno para ser votados.
El pasado lunes, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía realizaron detenciones y allanamientos de viviendas y oficinas de asesores y exasesores de la fiscal general, como parte de la investigación de una presunta organización criminal «en la alta dirección del Ministerio Público».
Esa organización es acusada de influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (máximo órgano de gobierno de la judicatura), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos.
Apenas conocida la investigación, Benavides destituyó a Marita Barreto como la coordinadora del Eficcop y luego aseguró que se trataba de «un acto torpe» para intentar bloquear las pesquisas que sigue contra los máximos representantes del gobierno por las muertes durante las protestas que se desarrollaron de diciembre a marzo pasado.
En ese sentido, presentó de inmediato una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades.
Tras ese anuncio, Boluarte señaló que la decisión de la fiscal era una «deleznable maniobra política» con la que pretende «distraer la atención» de la ciudadanía de las investigaciones en su contra.
A raíz de las denuncias, la fiscal general acudirá el miércoles a una audiencia convocada por la Junta Nacional de Justicia, que tiene la facultad de destituirla por las acusaciones e indicios presentados en su contra.