WASHINGTON. – La acción de Maine, de descalificar como candidato al expresidente Donald Trump, el segundo estado en tomar esa decisión después de Colorado, pone más presión sobre el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que tiene que pronunciarse sobre la cuestión a pocas semanas de que inicie la contienda electoral.
Después de que el Tribunal Supremo de Colorado tomase la semana pasada la sorprendente e inaudita decisión de descalificar a Trump basándose en una provisión constitucional posterior a la guerra civil, la batalla legal se ha extendido rápidamente por cortes de todo el país.
Pese al precedente creado, las autoridades en la mayoría de estados -los encargados de organizar las elecciones en el sistema federal estadounidense-, como en Michigan, California o Minesota, están evitando tomar partido en la cuestión, dejando que sea el Supremo de Estados Unidos quien fije una posición sobre el tema.
La misma cuestión se está dirimiendo actualmente en una quincena de estados, entre ellos Oregón, Virginia, Nueva York o Nevada.
Quienes defienden que Trump ha quedado inhabilitado para el cargo de presidente por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 apelan a la Sección Tercera de la Enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe a personas que han participado en una «insurrección» volver a ser elegidas.
Esa enmienda fue aprobada en 1868, después de la guerra civil en Estados Unidos, con el objetivo de evitar que los alzados sureños de la Confederación que habían jurado la Constitución y luego la traicionaron pudieran llegar al poder.
La secretaria de Estado de Maine -máxima autoridad electoral del estado-, la demócrata Shenna Bellows, fue quien este jueves descalificó a Trump de los comicios.
«Soy consciente de que ningún secretario de Estado ha privado jamás a un candidato presidencial del acceso a las urnas basándose en la Sección Tercera de la Enmienda 14», apuntó Bellows.
«Sin embargo -agregó-, también soy consciente de que ningún candidato presidencial ha participado nunca antes en una insurrección».
En Maine, como en Colorado, las primarias republicanas serán el próximo 5 de marzo, una fecha clave en el calendario electoral ya que se trata del conocido como supermartes, con una quincena de estados llamados a las urnas y que podría definir esa contienda previa a las presidenciales de noviembre.
En el complejo sistema político y electoral estadounidense, donde los estados son los encargados de organizar los comicios, aunque sean los presidenciales, cada uno tiene sus propias leyes y reglas, por lo que demandas parecidas pueden tener un desenlace distinto.
Es ahí donde cobra mayor importancia el Supremo, ya que un fallo del Alto Tribunal debería ser acatdo en toda la nación.
El Partido Republicano de Colorado interpuso este miércoles ante el tribunal con sede en Washington una demanda en contra de la descalificación de Trump en ese estado, lo que pone definitivamente el balón en el tejado de los magistrados supremos.
En un comunicado, los abogados que representan a los republicanos urgieron al Supremo a una rápida resolución de la cuestión: «Hay una avalancha de casos similares que se están presentando en todo el país, por lo que la revisión definitiva y pronta del Tribunal Supremo en este asunto es esencial».
Seis de los nueve integrantes del Alto Tribunal son considerados conservadores, tres de ellos nominados por el propio Trump durante su mandato, por lo que sería sorprendente no le den la razón al exmandatario.
Sin embargo, el hecho de que algunos de ellos sean seguidores del «originalismo», una corriente legal que aboga por interpretar la Constitución tal y como la escribieron los fundadores, siembra dudas sobre la futura decisión del Supremo.
En los próximos días se espera que la campaña de Trump presente también sus propios recursos ante el Supremo para defender la candidatura presidencial del exgobernante.
«Estamos siendo testigos, en tiempo real, del intento de robo de una elección y de la privación del derecho al voto del elector estadounidense», aseguró en un comunicado en respuesta a la decisión en Maine el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung.
«No se equivoquen -agregó-, estos esfuerzos partidistas de interferencia electoral son un asalto hostil a la democracia estadounidense».