Otros cinco sacerdotes de la Arquidiócesis de Managua fueron detenidos en las últimas horas por la Policía de Nicaragua, con lo que suman 15 los religiosos encarcelados en el país, incluido dos obispos, denunció este sábado el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y la abogada e investigadora exiliada Martha Patricia Molina.
Los sacerdotes nicaragüenses detenidos entre la noche del viernes y lo que va de este sábado son Silvio Fonseca, Mykel Monterrey, Raúl Zamora, Gerardo Rodríguez y Miguel Mántica, todos de la Arquidiócesis de Managua, según un reporte de Molina, autora del estudio ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’.
“La dictadura sandinista ha desatado esta semana una feroz cacería contra los sacerdotes llevando a la cárcel a varios de ellos, que vienen a añadirse a dos obispos que ya estaban presos”, señaló, por su lado, Báez, a quien el papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por motivos de seguridad, en medio de tensiones entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia católica.
Báez, quien reside en Miami y a quien las autoridades declararon “traidor a la patria” y despojaron de su nacionalidad, dijo a través de la red social X (antes Twitter) que “sigue la furia de la criminal dictadura de Ortega desatada contra la Iglesia”.
El jerarca exiliado rogó “a los obispos y a las conferencias episcopales del mundo que no nos abandonen en este momento, que oren por la Iglesia de Nicaragua y se solidaricen y alcen su voz denunciando esta persecución de la dictadura contra nuestra Iglesia”.
Según la investigadora Molina, “el sandinismo está crucificando el clero de la Arquidiócesis de Managua”, que dirige el cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes -que no se ha pronunciado sobre esos arrestos-, y se preguntó: “¿Qué dirán ahora los católicos sandinistas?”.
A su juicio, la “dictadura sandinista está preparando un destierro o una acusación penal masiva de religiosos”, al igual como ocurrió en octubre pasado cuando el Gobierno excarceló a otros 12 sacerdotes que mantenía en prisión y los envió al Vaticano.
La semana pasada, las autoridades detuvieron al obispo Isidoro Mora, a dos sacerdotes y a dos seminaristas. Y esta semana han encarcelado a otros nueve curas, siete de ellos de la Arquidiócesis de Managua.
Ni el Gobierno ni la Policía Nacional han confirmado o negado la presunta detención de esos 14 religiosos, excepto la del obispo Rolando Álvarez, quien el 10 de febrero pasado fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida por delitos considerados traición a la patria.
Esa condena fue dictada un día después de que Álvarez rechazó subirse a un avión que lo iba a llevar, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, hacia Estados Unidos, lo que provocó la indignación del presidente Ortega, quien en cadena nacional lo calificó de “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno”.
Las relaciones del Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
Nicaragua atraviesa una crisis desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
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